El Sistema “S” y las políticas sociales

Hace muchos años vengo acompañando una cuestión recurrente que adquiere mayor visibilidad pública en función de presiones coyunturales de diversa naturaleza: se trata de dos recursos del Sistema S.

Ciertamente ahora, en el calor del debate electoral, esta cuestión va a estar muy presente, aún más al tratarse del gran talón de Aquiles que es la formación profesional y la empleabilidad de la juventud en Brasil.

Pienso que habrá un recrudecimiento de la insensatez mientras la cuestión sea enfocada por el ángulo miope, maniqueísta y particularizado, como, salvo mejor juicio, ha sido tratada hasta entonces. Y eso independientemente del punto de vista del actor que se coloque al frente de la discusión.

Hay un cierto consenso, y sobre todo una lógica de que los recursos destinados al Sistema S sean aplicados prioritariamente en la capacitación de jóvenes excluidos socialmente.

Eso nos remite a una indagación que debe anteceder cualquier otra cosa sobre la aplicación de los recursos del Sistema S, especialmente el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial – SENAC, y el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial – SENAI.

¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el texto de la ley? Y, lo más importante, ¿cuál es el “espíritu de la ley” que creó dichas organizaciones hace más de 60 años?

¿Cuál es la realidad de hoy? ¿Cuál es el ánimo empresarial vigente? ¿La ley sexagenaria corresponde a las exigencias de los nuevos tiempos y a los compromisos del desarrollo nacional sustentable?

¿El funcionamiento de los órganos del sistema corresponde a los dictámenes de la ley y a las demandas de la realidad?

Líderes empresariales comprometidos con la defensa del “status quo” del Sistema S, en general cometen un error al contraponer la lógica de la necesidad y de la demanda ante todo, integradas. El concepto anacrónico de “estatizante” aparece para defender la lógica del mercado en contraposición a la de la política pública de inclusión profesional de la juventud.

Hay un evidente “diálogo de sordos” entre el gobierno, empresariado, congreso y la sociedad cuando se trata de adecuar mejor el Sistema S para el fin que fue creado, a las exigencias que los nuevos tiempos imponen, a una formulación integrada y una visión de conjunto de la política social brasileña.

No podemos apoyar propuestas de un puro y simple apoderamiento de recursos del Sistema S por parte del gobierno, pues pueden llevar al riesgo de desmantelamiento o atrofia de programas de formación profesional en vigor y de proyectos sociales y culturales sólidos, bien estructurados, aunque no por esto exentos de revisión.

Líderes nacionales tienen el deber de colocar lentes para corregir la miopía que compromete la visión del Sistema S, tanto de los que lo defienden intransigentemente como de los que los atacan y proponen medidas que pueden generar su desmantelamiento, repito, y no su imperativa e importante revisión.

¡Necesitamos ser radicales! Radicales no en el sentido vulgar y peyorativo, sino en el sentido etimológico “ir a la raíz del problema”, de analizar de forma vasta y profunda las organizaciones sociales.

Es necesario insertar y visualizar la cuestión de las “eses” en el contexto amplio de la política social y de la política global de formación de mano de obra nacional, junto a otras políticas públicas y privadas, además del análisis del desempeño de otros recursos de diferentes fuentes y naturalezas.

Asegurar la impostergable inclusión social de nuestros jóvenes, a través de la formación adecuada para su inserción en un mercado laboral cada vez más exigente sería un gran tributo a la Carta de la Paz del año 1946, firmada sobre las bendiciones del cielo de Teresópolis.

Discutir los recursos del Sistema S, especialmente los vinculados a la formación profesional de la juventud es discutir simultáneamente los voluminosos recursos del Fondo de Amparo al Trabajador – FAT, muchas veces destinados a entidades sin know-how o background en formación profesional, en algunos casos sirviendo para financiar “circos de nada para nadie”. Es necesario hablar al mismo tiempo de las Escuelas Técnicas, de las Universidades – algunas con una inexplicable capacidad ociosa, de las ONGs, de los varios ministerios, incluso estatales, con suculentas transferencias de recursos públicos para proyectos de “capacitación” que casi nunca son evaluados, como reconocen órganos del propio gobierno.

Volviendo a 1946: respirando el mejor oxigeno de nuestra vida democrática y republicana, el empresariado construyó una estrategia clara y oportuna para impulsar el desarrollo capitalista nacional ya tardío. Visionarios y progresistas, nuestros líderes empresariales anticiparon tan decantada responsabilidad social, de forma sistemática y estructuradora, mediante la contribución del empleador, proporcional a la hoja de salarios de su empresa. Así, la nación brasileña se aseguró de una forma consentida y fue tornada obligatoria la participación efectiva del empresariado en la formación de la mano de obra y del bienestar social de los trabajadores. Estrategia deliberada, conveniente a las elites para impulsar el desarrollo.

Si lanzamos una mirada retrospectiva al movimiento nacional de 1946 y para el locus del nacimiento del Sistema S, notaremos un esfuerzo de complementariedad, una lógica de cooperación, de división de papeles y de responsabilidades entre las acciones gubernamentales, la red filantrópica y las organizaciones del sistema creado en ese entonces. Las entidades del Sistema S se destacaron de forma vanguardista en varias acciones que después se transformaron en políticas públicas y referencias, incluso internacionales, como por ejemplo, en el caso del tiempo de ocio de la tercera edad.

La retrospectiva sobre el contexto de las políticas sociales en 1946 y su comparación con el momento actual es imprescindible. Es necesario analizar la trayectoria histórica, lo que mudó y lo que surgió de nuevo, lo que aún tiene sentido y lo que no tiene más razón de ser. Hay que preguntarse también, insisto, sobre lo que existe en la ley, en la institucionalidad, en la realidad, identificar distorsiones y, si corresponde, cambiar la ley, en el interés social más amplio.

Otro ángulo es la evaluación de la interfaz de la política de formación profesional con la asistencia social, salud, cultura, trabajo, educación, etc.

Debemos encarar la cuestión social brasileña de forma radical, por su totalidad, no por fragmentos ni por su apariencia.

La cuestión social que el Sistema S involucra y suscita, interesa a todos y debe estar por sobre los intereses partidarios, corporativos e individuales es que necesita ser repensado a partir de una visión de conjunto de la política social brasileña, en su complejidad, en sus múltiples componentes, gubernamentales y no gubernamentales, públicos y privados.