Bolsa Familia: debate impostergable

En el momento en que se desencadena el proceso y el debate electoral de 2014, la sociedad brasilera pasa a querer una Nueva Política y un compromiso efectivo y responsable con el desarrollo del país, sintetizados en el lema “Queremos más porque podemos más”. Necesitamos superar la visión que viene cristalizándose de que el Bolsa Familia es intocable y que cualquier crítica al programa es hacer coro con las fuerzas conservadoras y “de derecha”.

Las políticas asistenciales en Brasil, en Latinoamérica y por qué no decirlo, en todo el mundo, han hecho mucho más que un sesgo, un contenido esencial de dominación y un compromiso atávico de mantención y reproducción de la pobreza. En general, las políticas asistenciales – y aquí pretendo enfocar el programa Bolsa Familia – no han presentado mecanismos de gestión articulados con el mundo del trabajo y con el desarrollo sustentable.

Antes que todo es necesario contextualizar al Bolsa Familia, en una dimensión histórica, en el ámbito de la política social brasilera en las últimas décadas. El programa que gano escala y status de política universal de asistencia social, no comenzó en el gobierno del Partido de los Trabajadores, PT. Tiene una historia cuyo marco inicial como política pública se dio en Campinas durante los años 80, en la gestión de José Roberto Magalhães, del PSDB. Tuvo su gran marco legislativo en 1992, con el Programa de Renta Mínima del Senador Eduardo Suplicy. En el gobierno de Itamar Franco, en el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad Alimenticia, hubo un ambiente muy favorable al debate y a la introducción de la “renta básica de ciudadanía” como estrategia privilegiada en el combate al hambre y a la miseria.

Estas propuestas se intensificaron después de la aprobación de la Ley Orgánica de Asistencia Social (Loas), en diciembre de 1993, y contribuyeron decisivamente para la elaboración del diseño y de la articulación de actores del gobierno y de la sociedad responsables por la creación e implantación del Peti (Programa de Erradicación del Trabajo Infantil) ya en 1995, en el inicio de la gestión de Fernando Henrique. Posteriormente otras políticas sociales sectoriales fueron complementadas con programas de transferencia de renta, como el Bolsa Alimentación y el Bolsa Escuela. En el ámbito de estados, el pionero fue el Gobernador Cristovam Buarque, que transformó el Bolsa Escuela del PT/Distrito Federal en estrategia privilegiada de mejoría del desempeño escolar.

Sin duda, la unificación, la mayor presencia y coordinación federal, el catastro único y el gran impacto del programa, que hoy beneficia a uno de cuatro brasileros, o sea, casi 50 millones de personas, todo eso lo diferencia y los distancia esencial y cualitativamente de los programas de transferencia de renta de los gobiernos anteriores.

La dimensión y las especificidades que el Bolsa Familia tomó en el gobierno de Lula y que vienen consolidándose en el gobierno de Dilma imponen un análisis cuidadoso, una mirada diferenciada también por su significado no sólo social, sino  sobre todo político y económico, en los aspectos positivos y negativos. Hoy, el Bolsa Familia es mucho más una estrategia política y económica según un modelo de consumo y bajo desempeño productivo al borde del agotamiento, que una estrategia compensatoria para sectores poblacionales en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.

Se sabe que la creciente población de calle no es beneficiaria del programa, incluso por la dificultad de acceso a sus mecanismos burocráticos, y que algunos beneficiarios, justamente los más necesitados de apoyo psicosocial, son desligados por no encuadrarse en criterios de elegibilidad o no prestar contrapartida. Tal realidad clama por respuestas urgentes con directrices y recursos del gobierno federal.

El programa Bolsa Familia, sin duda, ha sido capaz de rescatar millones de personas de la miseria y de una exclusión más severa. Puede incluso tener un sentido humanitario, puede tener un impacto significativo para una política de consumo que estimula tanto al mercado interno como las necesidades básicas de las personas, pero se ha mostrado incapaz de superar la pobreza y de ser una fuerza propulsora del desarrollo.

En otras palabras, el Bolsa Familia fue una estrategia eficiente en un modelo de desarrollo basado en el consumo, pero no se sustenta e inhibe una perspectiva de sustentabilidad y de necesario aumento de insumos al crecimiento económico. Por eso, defendemos el fortalecimiento del programa, preservando su lógica de transferencia de renta no contributiva, instituida en la Ley Orgánica de Asistencia Social (Gobierno de Itamar Franco, diciembre de 1993). Defendemos el programa como inductor del desarrollo sustentable, con una mirada prioritaria para los grupos cuya vulnerabilidad y necesidades específicas los han colocado al margen de la protección social.

Repensar el  Bolsa Familia impone un cambio de paradigma en los mecanismos de gestión: en vez de excluir las personas que mejoran su calidad de vida, ingresan en el mercado formal, mejoran el nivel educacional y se insieren en una actividad productiva emprendedora, el programa debería mantener el beneficio y también estimular y premiar tal esfuerzo y conquista por un largo plazo, inclusive como una renta vitalicia.

El Bolsa Familia debería ser antes de todo una política económica inclusiva, que traiga seguridad y estímulo al trabajo y a la mejoría de la calidad de vida, y no una política social compensatoria, inestable y sometida a criterios muchas veces no limitados y externos al libre albedrío individual. El Bolsa Familia debería ser el mayor estímulo para la inserción en el mundo del trabajo y no lo contrario para esta inserción, ya sea por el miedo de la pérdida del beneficio o por la acomodación por parte de quien antes no tenía nada y ahora tiene muy poco.

La lógica y los mecanismos que el programa impone llevan a algunos individuos a acomodarse, a contentarse con poco y a no desear un nuevo padrón de vida que efectivamente rescate el verdadero potencial humano productivo, los derechos humanos y el acceso a los bienes de la civilización. Según este nuevo paradigma, el Bolsa Familia puede dejar de ser un gasto social y constituir, de hecho, una inversión. Sólo así Brasil podrá enunciar un nuevo modelo de política asistencial inductora del desarrollo sustentable, capaz de inspirar internacionalmente movimientos análogos de inserción productiva y de afirmación de la ciudadanía.