Colombia: ONU indica que el ejército actúa por recompensas
El pasado día 18/06/2009 en una conferencia de prensa realizada en Bogotá, Colombia, Phillip Alston, responsable de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la investigación sobre ejecuciones extrajudiciales en ese país, divulgó un informe criticando al ejército colombiano por permitir la práctica común entre sus soldados de asesinar a civiles inocentes y contabilizar las muertes como bajas de la guerrilla. En realidad, el funcionario de la ONU usa un lenguaje diplomático para evitar una situación embarazosa, debido a que la historia del presidente Álvaro Uribe está íntimamente ligada a los paramilitares que operan en su país. El padre de Uribe fue ejecutado por la guerrilla de izquierda y la venganza pasó a ser el objetivo de su vida. Los paramilitares que actuaban en la clandestinidad siempre le parecieron el camino más eficiente. En el poder desde el año 2002, Uribe no necesita más de los “paras”, pero adoptó sus métodos dentro del propio ejército nacional.
El episodio de 19 hombres y jóvenes muertos por soldados el año pasado en Soacha, suburbio de Bogotá, es sola la punta del iceberg. Los colombianos quedaron pasmados con los asesinatos cometidos por soldados en busca de promociones, bonos y otros beneficios ofrecidos al ejército ante la creciente presión después de 45 años de insurgencia izquierdista.
El funcionario de la ONU, al final de su misión de diez días afirmó que tales casos representan una práctica “más o menos sistemática” de “elementos significativos entre los militares”. Alston afirmó que la práctica nunca fue parte de la política oficial del estado y que el ministerio de defensa actuó para detener las muertes. Pero aclaró que los esfuerzos para llevar los inculpados a la justicia han sido lentos y se han realizado de forma inadecuada. Denuncia que se trata de una política “oficiosa”.
Soldados han matado civiles en todo el país, en lo que Alston llamó “asesinatos premeditados a sangre fría de civiles inocentes por lucro”. El mayor número de este tipo de muertes ocurrió en la periferia pobre de Soacha, donde los reclutas prometían trabajos lucrativos y, en vez de eso, mataban a las personas vestidas como combatientes rebeldes y las fotografiaban con armas, dice el informe de la ONU.
“Las pruebas muestran a las víctimas con ropas camufladas apretadas o con botas para las selva cuatro números mayor de lo que correspondía, zurdos con el arma en la mano derecha, o hombres solo con un tiro en la nuca, y todo esto sustenta la idea de que son guerrilleros muertos en combate”.
Para mantener la diplomacia, el informe de Alston fue amenizado. Afirma que el gobierno invitó a la misión de la ONU, cooperó con la investigación y tomó “medidas importantes para parar y reaccionar ante estas muertes”. “Pero el número de procesos exitosos continua siendo bajo”, agregó.
Álvaro Uribe fue electo por primera vez en el 2002 con la ayuda de billones de dólares de los Estados Unidos para intensificar la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El uso de mercenarios extranjeros, incluyendo empresas norteamericanas, europeas e israelitas de “seguridad” o “fuerzas especiales” e incentivos tanto a los elementos del ejército colombiano como a los desertores de la guerrilla pueden haber tenido un efecto psicológico al principio, pero hoy se convirtió en un todo-vale, con total descontrol del gobierno sobre las acciones armadas, como permite ver el informe.
La complicidad del gobierno de George W. Bush fue mucho más allá de las ayudas unilaterales billonarias. Tuvo un tratado privilegiado de “libre comercio” que fue denunciado por el presidente Obama cuando era candidato. Aparte de generar desempleo en los Estados Unidos, el tratado, según Obama, debería suspenderse pues el gobierno de Uribe venía siendo denunciado frecuentemente por la actuación de escuadrones de la muerte que eliminaban enemigos de la política institucional y líderes sindicales del país. Pero la mayor ayuda que dio el gobierno de Bush a la derecha colombiana fue el nombramiento de Luis Alberto Moreno, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Moreno, que asumió la presidencia de esa importante institución continental de fomento desde Octubre del 2005 cuando derrotó al brasileño João Sayad, entonces vicepresidente de finanzas y administración del banco y a tres ministros o ex presidentes de bancos centrales de Perú, Venezuela y Nicaragua, contó con el poder de voto proporcional a las cuotas controladas por los Estados Unidos (30%) y sus aliados Canadá (4%) y los miembros de la Unión Europea y la OTAN (16%), contando también con la división de los países latinoamericanos.
Luis Alberto Moreno privilegió tanto a su país durante su gestión que se tornó un candidato imbatible para la sucesión de Uribe, pero los últimos hechos han mostrado que la política todo-vale en el combate a las FARC está siendo infructuosa y el descontrol del aparato de estado es cada vez más evidente. El hecho de que la política institucional fue desacreditada por la acción de escuadrones de la muerte puede significar que las FARC tengan la posibilidad de tornarse políticamente viables, al contrario de lo que venía difundiendo la prensa mundial que siempre presentaba a la guerrilla de izquierda como cercana y socia del narcotráfico. Como la prensa libre tiene que mostrar lo contradictorio, no tenemos acceso a la argumentación en defensa de las FARC, pero con seguridad entendemos que el actual gobierno-estado colombiano no demuestra legitimidad para representar estabilidad democrática en ese país.