Por un nuevo Bolsa Familia – parte 1

Las voces conservadoras, los nostálgicos de la Casa Grande, consideran el programa Bolsa Familia un gasto social absurdo e inútil.

Para esas voces es normal y justo que se salven los bancos, que se den subsidios para fabriles, agricultores de modo general, que se amnistíen impuestos de las más diversas naturalezas. Pero, cuando se trata de ayudar a los pobres, o dicho más precisamente a los miserables, una renta mínima independiente de la contribución previsional es algo condenable. Y hasta inmoral, pues es un estimulo a la vagancia. Los grandes problemas nacionales, desde la decadencia de la calidad de la escuela pública, la precariedad de los servicios públicos de salud y, sobretodo, el desempleo y el bajo desarrollo de las fuerzas productivas se deben o se resuelven por el Bolsa Familia, panacea del bien y del mal.

Se creó un nuevo apartheid:

Por un lado, los más de 12,4 millones de familias beneficiadas, lo que corresponde aproximadamente a 50 millones de brasileños, que reeligieron al “padre de los pobres”, antes Getúlio y ahora Lula, mientras algunos intelectuales encuentran que no pueden contrariar a algunos íconos del Partido de los Trabajadores, PT. Por otro lado, los cánones neoliberales, políticos conservadores, viudas de programas asistencialistas de tipo clientelista-fisiológico como tickets de leche, cestas básicas y congéneres. Programas, dicho sea de paso, que no solo son condenables per si como medidas de emergencia, sino por la forma en cómo llegan al beneficiario: como favor y no como derecho, como moneda de cambio electoral y no como una estrategia de sobrevivencia humana y promoción de la ciudadanía.

Además, haciendo coro a los conservadores, hay una crítica difusa, llena de preconceptos, estrecha, calcada en una visión ideológica de que el lugar de “cuidar” al pobre no es en la esfera política pública ni en la del derecho, sino solo en la filantropía, benemerencia y del sálvese quien pueda. En este coro están también los que por convicciones filosóficas creen que la pobreza es una condición inherente a la vida y a la naturaleza humana de algunos, ¡es claro!

Los programas de transferencia de renta, las famosas “bolsas” fueron institucionalizadas en el ámbito federal en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Experiencias anteriores, en el ámbito municipal y estadual, y propuestas que no dejaron de ser embrionarias en el ámbito federal durante el gobierno de Itamar Franco que le antecedió, ciertamente inspiraron e impulsaron las experiencias venideras.

El gobierno de Itamar Franco (1992-1993), impulsado por la CNBB, Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, especialmente Don Luciano Mendes de Almeida, lanza en el ámbito del Ministerio de Justicia, cuyo titular en la época era Mauricio Corrêa, un paquete Anti-Violencia. Entre las acciones previstas surge por primera vez la propuesta de dar la bolsa de estudio, en forma de transferencia de un porcentaje del salario mínimo para que las familias de niños y niñas de la calle se alejasen de las drogas y del crimen. La propuesta pionera, enfocada prioritariamente a Rio de Janeiro, fue formulada por Pedro Demo, investigador del IPEA (Instituto de Pesquisa Económica Aplicada del Ministério de Planificación), profesor de la Universidad de Brasilia –UnB, entonces Secretario Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía. Recibió gran apoyo de los medios de comunicación y de segmentos progresistas del gobierno y lanzó inexorablemente esta semilla.

En Campinas, aún en los años 80, el prefecto del  Partido de la Social Democracia Brasileña-PSDB, José Roberto Magalhães Teixeira, un mineiro apodado “Grama”, fue de hecho el pionero del Programa de Transferencia de Renta. El programa de la Prefectura de Campinas era tan bien estructurado y articulado con otras acciones de promoción social y abertura de múltiples oportunidades, que no se podía decir concluyentemente si el éxito en términos de mudanza del nivel de vida de los beneficiarios se daba por el subsidio económico o por el conjunto articulado de acciones que el mismo aseguraba, inclusive apoyo psicosocial.

En el ámbito estadual, fue el Gobernador Cristóvam Buarque quien estuvo a la vanguardia en la creación del programa Bolsa Escuela como estrategia privilegiada para asegurar la permanencia y el éxito de los estudiantes en la escuela, así como sacar niños del trabajo infantil. Hubo una mudanza de paradigma en la educación del Distrito Federal que mejoró índices de liderazgo nacional en la evaluación del desempeño de las escuelas públicas de enseñanza básica.

El programa de gobierno del PT en el Distrito Federal amplió su cobertura ganando reconocimiento, ayuda internacional (UNICEF, UNESCO, OIT) y amplio apoyo del Consejo de la Comunidad Solidaria, presidido por la primera dama Ruth Cardoso.

Pero ahí ya se esbozaban las primeras críticas al carácter perverso del programa respecto al esfuerzo de emancipación de las familias beneficiadas. Contradicciones y desvíos de los reales objetivos eran evidentes en la práctica controladora de agentes sociales que demostraban en el monitoreo del programa el compromiso secular de mantención de la cultura de la pobreza. La permanencia de la pobreza es fundamental también en el ámbito psicológico para expiar la culpa y justificar una práctica arraigada en la política y en la burocracia. La pobreza es usada y controlada para fines ajenos a los legítimos intereses de los pobres.

En la época de la Copa del Mundo, en 1998, familias que se esforzaban para comprar una televisión terminaron siendo castigadas por esto, perdiendo la Bolsa Escuela. Un televisor, un microondas, evidencian una “señal de riqueza” o de gasto no programable a los objetivos del programa de transferencia de renta. Algunos “astutos” mandaron la televisión a la casa del vecino o la escondieron para no perder el subsidio. Señales preocupantes de que alguna cosa estaba equivocada generaron susurros e insatisfacciones en una parte del secretariado de Cristovám y en algunos nichos más progresistas de política social.

Concomitante a la experiencia del Distrito Federal, el gobierno federal tuvo grandes experiencias de transferencia de renta durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso. El primero nace, todavía en 1995, con el Vale Ciudadanía para los niños que abandonaron trabajos degradantes en carbonerías de Mato Grosso do Sul. Merecidos aplausos fueron dados por la situación y oposición a la ceremonia en el Palacio del Planalto, donde el propio presidente acompañado de la primera dama, se compromete a otorgar 50 reais a cada niño que abandonase el trabajo en el carbón y fuese a la escuela. Así, se estructuró el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) que inaugura junto con la transferencia de renta la jornada educacional ampliada. Este programa contó con el amplio apoyo de la sociedad civil y fue actuando en los cañaverales, los sisales, yucales, en fin, recorriendo el mapa de las peores formas de explotación del trabajo infantil en el país y se transformó en una referencia internacional de política pública exitosa en Brasil.

En ese paso el programa Bolsa Escuela sube escalones en el Ministerio de Educación, transformándose en un programa prioritario y estratégico, y el Ministerio de Salud crea el Bolsa Alimentación, como medida para el combate a la desnutrición materno-infantil.

No vamos a profundizar en el mérito y en el alcance de los programas de transferencia de renta consolidados en la era FHC. Es innegable que el Bolsa Escuela contribuyó muchísimo para la universalización del acceso a la enseñanza básica, aunque no hubiese indicadores que demostrasen el impacto del mismo en la calidad de la educación.

En el gobierno FHC, notoriamente en el segundo mandato, se evidenció una disputa interna de poder entre los sectores de los ministerios responsables por el financiamiento y la gestión de las bolsas, bien como la superposición de beneficios de varios ministerios y hasta de otras iniciativas estaduales, municipales y del tercer sector para el mismo beneficiario.

Ya en el propio gobierno FHC, se esbozaba a nivel de sectores técnicos de formulación y acompañamiento de políticas sociales, una consciencia de la necesidad de unificación de los programas.

Todavía, en las casi dos décadas de historia del programa, no se encuentran rupturas con la herencia de reproducción y mantención de la pobreza que pululan en los mecanismos y criterios técnicos de gestión del programa, procedimientos que fueron fortaleciéndose en el tiempo y espacio, en nombre de la justicia, del control y perfeccionamiento técnico, y hasta de la racionalización de costos, y hoy se volvieron cristalizados y auto-imperativos.

Es innegable que la unificación de los programas de transferencia de renta en el gobierno de Lula fue un avance administrativo y republicano. Pena que no caminó rumbo a la impersonalidad, en la mejor concepción de la burocracia weberiana, como fue el Fondo de Asistencia al Trabajador Rural (Funrural) y el propio BPC – Beneficio de Prestación Continuada previsto en la Ley Orgánica de Asistencia Social del 7/12/1993, la LOAS.

Hoy el Bolsa Familia no es más de Benedita da Silva, que así lo bautizó y unificó, ni de Patrus Ananias que cumple su bien intencionada pero equivocada gestión. El programa es de Lula y de Dilma, como sería de cualquier otro candidato a la sucesión, pues se tornó antes de todo, moneda electoral, como fueron en el pasado los camiones cisterna para los políticos de la antigua oligarquía del Nordeste.

¡Esto provoca escalofríos en la ciudadanía! ¿Rasgamos todos los libros y cuadernos de los cursos de Servicio Social o nos indignamos y proponemos algo nuevo y consecuente?